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lunes, 30 de junio de 2014

Reacción a la ofensiva penal contra el sindicalismo de clase


Foto de @frlorente o sea, Fran Lorente.

El mes de julio se estrena mañana con una concentración en la plaza de Callao de Madrid a las diez de la mañana, convocada por CCOO y UGT. Es el inicio de la reacción, en la calle, al ataque al sindicalismo y la ofensiva penal contra el derecho de huelga. Este ataque es una acción coordinada, con instrucciones desde la fiscalía, en un contexto de acusada involución en determinados sectores de la judicatura.

Ya en marzo de 2013 os contaba, bajo el titular, En defensa de los derechos civiles, las injustificadas y brutales agresiones que estaban sufriendo representantes de CCOO por parte de la policía.

Durante más de treinta y cinco años, el constitucional y democrático ejercicio al derecho de huelga. Un derecho de titularidad individual pero de ejercicio colectivo. Ahora este derecho está siendo cuestionado equiparándolo a supuestas actividades delictivas.

A nadie se le escapa que los sectores más conservadores quieren acabar en todos los frentes con el sindicalismo de clase y han generado una situación extremadamente preocupante, ya que se está utilizando la acción penal contra derechos laborales fundamentales, como el de huelga.

Tampoco, a nadie se le escapa que en estos tiempos de neocapitalismo enfermizo y devastador, el sindicalismo de clase es la única barrera que no se ha consguido dinamitar por ese ultraconservadurismo imperante.

La campaña antisindical es atroz por todos los medios, más allá de que también desde los sindicatos se hayan cometido errores. En este proceso a la afiliación y cargos sindicales de CCOO se han abierto casi 60 procedimientos que afectan a 200 personas, a una parte de las cuales se les piden hasta 8 años de cárcel, como es el caso de los 8 trabajadores de Airbus; o cuatro años y medio en el caso de la secretaria general de Baleares; 2 para cinco sindicalistas de La Rioja, entre ellos el secretario general; 3 a sindicalistas de Navantia, 2 a un trabajador de Coca-Cola… Son sólo ejemplos. Hay muchos más en el País Valenciano o Andalucía, además sindicalistas de UGT.

¿Cómo en un país democrático un fiscal puede solicitar ¡¡¡8 años de cárcel!!! para los integrantes de un piquete que animaron a la huelga general de septiembre de 2010 en Airbus?

Empresarios y cargos del PP, impunes 

Parece mentira que dos mujeres sindicalistas, una embarazada, puedan ser condenada a tres años y un día de prisión por, “presuntamente”, lanzar pintura a una piscina durante la huelga de 2010, mientras hay casos espeluznantes de siniestralidad de los que los empresarios salen impunes.

No podemos olvidar casos como el del dueño de una panificadora que en 2009 abandonó cerca de un hospital a un trabajador sin contrato y sin papeles que había perdido un brazo. El patrón escondió el brazo en la basura para borrar pruebas, por lo que no se le pudo reimplantar. La sentencia: Un año y un día por contratación ilegal y otros once meses por un delito contra los derechos de los trabajadores -más 130.242 euros de indemnización, que pagó el seguro-. En total, menos de dos años, por lo que los dos dueños de la panificadora no entrarán en prisión. Para la justicia, lanzar pintura en una piscina es un delito de una gravedad mayor que tirar a la basura el brazo de un trabajador.

El caso de Esperanza Aguirre, que huyó de un control policial en Madrid, fue tomado por muchos a risa, pero es sintomática la impunidad que tiene ella o el hijo de Gallardón frente a lo que está ocurriendo contra CCOO.

El sindicalismo internacional mira sorprendido lo que está ocurriendo en España con esta derecha que no ha terminado de aprender lo que es la democracia. Los hechos de esta monarquía bananera se van a denunciar ante la Organización Internacional de Trabajo (OIT) y otros organismos internacionales porque el sindicalismo es consustancial a la democracia, es parte de la democracia.

Mañana comienza la movilización en la calle. CCOO nunca se ha dejado doblegar. Ahora tampoco.

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