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| Elena, fotografiada por @frlorente |
“Existe la creencia de que en España o en los países occidentales se respetan los derechos humanos, pero esto es una falacia”
En la Comunidad de Madrid son 19.000 personas asociadas en torno a unas prestigiosas siglas: AI, referente en la lucha por los derechos humanos. Aproximadamente el 60 por ciento son mujeres y el 40 por ciento, hombres. Fue fundada en Londres el 1 de octubre de 1962, tras la publicación del artículo The Forgotten Prisoners (Los presos olvidados) en The Observer el 28 de mayo de 1961, escrito por el abogado Peter Benenson y desde entonces se ha hecho presente en más de 150 países, contando con más de siete millones de personas asociadas.
A día de hoy, voluntariamente, pago religiosamente cuotas a CCOO, al Ateneo de Madrid y a Amnistía Internacional. No hace tanto que la tercera organización eligió una nueva presidenta en la Comunidad de Madrid. Elena Gómez es madrileña de Ciudad Líneal en la frontera con el Barrio de La Elipa. Llegó a la organización en 2010 de la mano de una amiga y con mucho ánimo de influir en la sociedad promoviendo cambios legislativos. Ahora, con 40 años, ha llegado a la presidencia en la Comunidad de Madrid. Quedo con ella en la sede madrileña, por Tetuán. Un barrio, barrio. Claro una versión más clásica, en bonito papel, podéis encontrar en el último ejemplar de Madrid Sindical.
En el ámbito de la Comunidad de Madrid, Amnistía acaba de presentar un informe sobre vivienda, cuyo título es revelador: La crisis de la vivienda no ha terminado.
Es que en esta región siguen sin tomarse las medidas suficientes para paliar la crisis de la vivienda. Una crisis que afecta a las personas más desprotegidas y, fundamentalmente a las mujeres. La crisis del derecho humano a la vivienda no ha terminado, también porque nuestra Constitución no reconoce el derecho a la vivienda al mismo nivel que otros derechos humanos y Madrid es uno de esos focos de violación de derechos humanos.
¿Habéis trasladado esta situación al Gobierno regional?
Hemos mantenido encuentros en la Asamblea de Madrid y con el consejero de Presidencia, Ángel Garrido. Entendimos que hubo compromisos muy importantes, fundamentalmente en facilitar el acceso a la vivienda a mujeres víctimas de la violencia machista, pero la realidad es que a día de hoy sigue siendo imposible que mujeres maltratadas accedan prioritariamente a una vivienda social. Actualmente no es suficiente un informe de asuntos sociales dando fe de la situación de las mujeres víctimas de violencia de género, que es lo que venimos reclamando y el compromiso adquirido por el Gobierno. La única posibilidad es que haya una sentencia condenatoria o medidas cautelares y prácticamente, como es sabido, no hay. También sobre el problema de vivienda exigimos más coordinación entre Comunidad de Madrid y ayuntamientos, que se presione para reformar la ley de enjuiciamiento civil porque los jueces no pueden evaluar si las personas desahuciadas padecen situación de precariedad o necesidad. Además, es imprescindible que haya un parque público de viviendas.
Mencionas la violencia de género, que está de actualidad mundial. Un asunto que también es fundamental en su último informe anual.
Es fundamental desde nuestros orígenes. Son muchos los problemas de acceso a la justicia con todas las garantías. Tenemos confirmado que muchas víctimas conocen a su abogado de oficio el mismo día del juicio. Tampoco hay reparación y existe el problema de la violencia sexual, que en el último Pacto de Estado, prácticamente no aparece. Es un hecho la “revictimización” que padecen las mujeres víctimas, de cuyos testimonios llegan a dudar los funcionarios de justicia, algo impensable en otros delitos.
Otro asunto que trabajáis desde Madrid es la reparación a las víctimas del franquismo.
España no está haciendo nada por investigar, enjuiciar a las personas responsables y reparar a las víctimas. Además no se colabora con países que sí están investigando los crímenes del franquismo como Argentina o México. En este escenario se encuentra también el asunto de los bebés robados, que también sigue sin investigarse en lo que es una violación gravísima de los derechos humanos.
El último informe anual hace referencia a la situación de los derechos humanos en el mundo, donde España no sale ademando bien parada.
Existe la creencia de que en España o en los países occidentales se respetan los derechos humanos, pero esto es una falacia. Ahí están asuntos como la libertad de expresión, la violencia e género, el franquismo, los derechos económicos, sociales y culturales, la reforma constitucional…
“La crisis del derecho humano a la vivienda no ha terminado”
La reforma constitucional es un asunto de actualidad. Tenéis publicado que habría que reformar veinticuatro disposiciones. ¿Por dónde va vuestra propuesta?
La reforma que propugnamos está siempre relacionada con los derechos humanos. No tenemos postura sobre planteamientos de partidos políticos.Por centrar mucho, nos referimos al artículo 53 (garantías de las libertades y derechos fundamentales). La Constitución establece derechos humanos de dos categorías diferentes. Antes mencionaba el derecho a la vivienda que no tiene categoría suficiente a pesar de que España ha ratificado el Protocolo de Derechos Económicos, Sociales y Culturales de Naciones Unidas y la Declaración Universal de Derechos Humanos, que afirman que el derecho a la vivienda es un derecho humano como al agua, a la salud, a la educación o a la propiedad privada. También nuestra Constitución abre la puerta a la pena de muerte al permitir restablecerla a través del Código Penal Militar en caso de Guerra. Debe dejar claro que España prohibe la pena de muerte en todos los casos.
Otro gran problema mundial es la acogida a las personas refugiadas…
España está incumpliendo sus compromisos de acogida. El Gobierno no ha hecho los deberes y está poniendo trabas. Además tenemos un sistema de asilo que no protege a las personas refugiadas. También hay que decir que, en contra de lo que podemos pensar, de las veintiún millones de personas refugiadas del mundo, el 80 por ciento se encuentran en países del Tercer Mundo, con muchos menos recursos que cualquier país europeo.
Y en América, si huyen hacia el Norte, ahora se encuentran con un muro. ¿Es Donald Trump una mala noticia para AI?
Es una malísima noticia. Después de un año de su presidencia, las garantías de los derechos humanos están muy reducidas. La situación de Estados Unidos es muy preocupante, creemos que puede haber una crisis de derechos humanos.
A causa del conflicto catalán ha surgido el debate de qué son “presos políticos.”
Nosotros usamos el término “presos de conciencia”, que son personas que se encuentran privadas de libertad como consecuencia de sus creencias o por razón de su identidad, pero no han cometido ningún delito. Sobre presos catalanes estamos haciendo un exhaustivo seguimiento. No son presos de conciencia. Los ex consellers pueden ser encausados por saltarse las leyes, aunque parece difícil que se pueda probar la existencia de violencia para que sean acusados de rebelión. Otro caso es el de los Jordis que aunque tampoco son presos de conciencia porque quisieron impedir el cumplimiento de una resolución judicial, la presentación de cargos contra ellos por un delito grave como la sedición constituye una restricción excesiva de su derecho a la libertad de expresión y reunión pacífica. Por eso, estamos pidiendo la libertad y la retirada del cargo de sedición para Jordi Sánchez y Jordi Cuixart.
¡Firma!
Elena Gómez anima a participar a Madrid en Amnistía Internacional de diferentes formas. “A quienes menos tiempo tienen les animamos a convertirse en ciberactivistas entrando en la web y participando en la sección Actúa con Amnistía”. Ahí nos encontramos con peticiones y firmas para mover en las redes sociales. Insiste Gómez en que las firmas son “muy importantes. Las firmas provocan cambios. Con ellas hemos podido sacar a muchos presos de conciencia de las cárceles y hemos contribuido a lograr la abolición de la pena de muerte en muchos países”.
A las personas que tienen más tiempo las anima a hacerse “activistas. En la Comunidad de Madrid ya somos 250 en distintos grupos locales o temáticos”.
Por supuesto también anima a asociarse ya que “somos absolutamente independientes y nos mantenemos con las cuotas de las personas asociadas. Trabajar por los derechos humanos requiere de recursos muy importantes y los necesitamos para sacar a la luz las violaciones de los derechos humanos”.
Los objetivos de AI
- Trabajamos por el derecho a la verdad, justicia y reparación de las víctimas de graves abusos, como los juicios injustos, las desapariciones forzadas, las detenciones arbitrarias, las ejecuciones extrajudiciales o la violencia de género.
- Defendemos a las personas migrantes, solicitantes de asilo, refugiadas, desplazadas o víctimas de trata. También a la población civil en los conflictos armados.
- Defendemos a las víctimas de la violencia a manos de los Estados (policías, ejércitos, etc.) y de otros actores (empresas, grupos armados, etc.).
- Hacemos campaña contra la tortura y los malos tratos, por los derechos sexuales y reproductivos, por la abolición de la pena de muerte, y por un control efectivo sobre el comercio de armas.
- Defendemos la dignidad de las personas pobres, denunciando los abusos que causan o agravan la pobreza, y luchamos para que sus responsables rindan cuentas ante la justicia, porque disfrutar de atención sanitaria, de una vivienda adecuada, de agua limpia, de un medio ambiente sano... es un derecho humano.
- Protegemos el derecho de todas las personas a expresarse libremente y a no sufrir discriminación.
- Exigimos que los presos de conciencia sean liberados y que las personas que denuncian abusos en cualquier país obtengan protección.
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| Quedamos en su sede, en un barrio, barrio, y allí estaba @frlorente |
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