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| Foto de @frlorente o sea, Fran Lorente. |
El mes de julio se estrena mañana con una concentración
en la plaza de Callao de Madrid a las diez de la mañana, convocada por CCOO y
UGT. Es el inicio de la reacción, en la calle, al ataque al sindicalismo y la
ofensiva penal contra el derecho de huelga. Este ataque es una acción
coordinada, con instrucciones desde la fiscalía, en un contexto de acusada
involución en determinados sectores de la judicatura.
Ya en marzo de 2013
os contaba, bajo el titular, En defensa de los derechos civiles, las injustificadas y brutales agresiones que
estaban sufriendo representantes de CCOO por parte de la policía.
Durante más de
treinta y cinco años, el constitucional y democrático ejercicio al derecho de
huelga. Un derecho de titularidad individual pero de ejercicio colectivo. Ahora
este derecho está siendo cuestionado equiparándolo a supuestas actividades
delictivas.
A nadie se le
escapa que los sectores más conservadores quieren acabar en todos los frentes
con el sindicalismo de clase y han generado una situación extremadamente
preocupante, ya que se está utilizando la acción penal contra derechos
laborales fundamentales, como el de huelga.
Tampoco, a nadie se
le escapa que en estos tiempos de neocapitalismo enfermizo y devastador, el
sindicalismo de clase es la única barrera que no se ha consguido dinamitar por
ese ultraconservadurismo imperante.
La campaña
antisindical es atroz por todos los medios, más allá de que también desde los
sindicatos se hayan cometido errores. En este proceso a la afiliación y cargos
sindicales de CCOO se han abierto casi 60 procedimientos que afectan a 200
personas, a una parte de las cuales se les piden hasta 8 años de cárcel, como
es el caso de los 8 trabajadores de Airbus; o cuatro años y medio en el caso de
la secretaria general de Baleares; 2 para cinco sindicalistas de La Rioja,
entre ellos el secretario general; 3 a sindicalistas de Navantia, 2 a un
trabajador de Coca-Cola… Son sólo ejemplos. Hay muchos más en el País
Valenciano o Andalucía, además sindicalistas de UGT.
¿Cómo en un país
democrático un fiscal puede solicitar ¡¡¡8 años de cárcel!!! para los
integrantes de un piquete que animaron a la huelga general de septiembre de
2010 en Airbus?
Parece mentira que
dos mujeres sindicalistas, una embarazada, puedan ser condenada a tres años y
un día de prisión por, “presuntamente”, lanzar pintura a una piscina durante la
huelga de 2010, mientras hay casos espeluznantes de siniestralidad de los que
los empresarios salen impunes.
No podemos olvidar
casos como el del dueño de una panificadora que en 2009 abandonó cerca de un
hospital a un trabajador sin contrato y sin papeles que había perdido un brazo.
El patrón escondió el brazo en la basura para borrar pruebas, por lo que no se
le pudo reimplantar. La sentencia: Un año y un día por contratación ilegal y
otros once meses por un delito contra los derechos de los trabajadores -más
130.242 euros de indemnización, que pagó el seguro-. En total, menos de dos
años, por lo que los dos dueños de la panificadora no entrarán en prisión. Para
la justicia, lanzar pintura en una piscina es un delito de una gravedad mayor
que tirar a la basura el brazo de un trabajador.
El caso de
Esperanza Aguirre, que huyó de un control policial en Madrid, fue tomado por
muchos a risa, pero es sintomática la impunidad que tiene ella o el hijo de
Gallardón frente a lo que está ocurriendo contra CCOO.
El sindicalismo
internacional mira sorprendido lo que está ocurriendo en España con esta
derecha que no ha terminado de aprender lo que es la democracia. Los hechos de esta
monarquía bananera se van a denunciar ante la Organización Internacional de
Trabajo (OIT) y otros organismos internacionales porque el sindicalismo es
consustancial a la democracia, es parte de la democracia.
Mañana comienza la
movilización en la calle. CCOO nunca se ha dejado doblegar. Ahora tampoco.
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