En defensa de los derechos civiles ¿Mucha, mucha policía?

De un tiempo a esta parte estamos sufriendo un salto cualitativo en la forma en que la delegación del Gobierno aborda la conflictividad laboral. Son decenas las personas afiliadas a Comisiones Obreras que están sufriendo en primera persona un evidente retroceso en unos derechos civiles que tanto ha costado  conquistar. Detenciones, golpes, procesos kafkianos… Ahora toca criminalizar la protesta laboral. El trasfondo es grave: La ciudadanía se encuentra desemparada a la hora de protestar contra un Gobierno que está desmantelando el estado del bienestar. Madrid Sindical ha reunido a sindicalistas que han sufrido la ira de la Delegación del Gobierno a través de las Unidad de Intervención Policial (UIP). Son un pequeño ejemplo de una realidad que está ahí y ante la que no podemos cerrar los ojos si queremos defender la democracia. Porque protestar es nuestro derecho.

FOTOS: FRAN LORENTE

Javier Artona golpeado en la Asamblea de Madrid. F.L.

A sus 35 años, Palazzo salió llorando de allí como un niño por las humillaciones que padeció

“Dentro de la Asamblea me rodean, me dan patadas, me dan puñetazos en los testículos, en la boca…”

“Nos comparan con golpistas, a mí, que con 19 años estaba en las puertas del Congreso de los diputados reclamando democracia”

“Él iba con la cara tapada, pero le hemos identificado y le he denunciado a pesar del lío que supone”

Luciano, Javier, Elisa y Teresa son trabajadores públicos al igual que los miembros de la Unidad de Intervención Policial que les han golpeado y detenido siguiendo instrucciones de la Delegación del Gobierno de Madrid. Al igual que otros muchos detenidos y golpeados coinciden en que no han hecho nada imputable de delito. Coinciden en que la policía siempre ha sido la misma, pero nunca había ocurrido lo que está ocurriendo porque lo que cambian son las órdenes.

Elisa Arrastra tiene claro que sí están cambiando las cosas: “Si algo han conseguido es que cada vez que sales a la calle tengas miedo; y que tus familiares y amigos tengan miedo porque una multa de 50.000 euros es una ruina, pero tres años de carcel…” Y se indigna: “luego nos comparan con golpistas, a mí, que con 19 años estaba en las puertas del Congreso de los diputados reclamando democracia. Nos han engañado, nos han traicionado y, son ellos los que nos empujan a salir a la calle”.

Lo único positivo de todo esto son las manifestaciones de apoyo, la solidaridad de los compañeros y las compañeras. Una solidaridad que siembra solidaridad y esperanza en el futuro.

Luciano Palazzo, secretario del Sector Postal de CCOO de Madrid

“Discutía con un compañero como solemos hacer habitualmente. En esa discusión, supongo que un miembro de las Unidades de Intervención Policial (UIP), entiende que quiero pegar a mi compañero y me empiezan a llover porrazos. Me detienen, me esposan, me ponen las manos detrás de la espalda, me pisan la cabeza con bota, otro me pisa los tobillos…, y lo más gracioso es que, una vez inmovilizado me llevan al coche a golpes entre cuatro”, explica con indignada elocuencia.

Después de ser detenido, Lucio,  que es como le conocen sus compañeros, estuvo cuatro horas y media esposado en una sala de espera, “nadie encontraba las llaves de las esposas”. Y estuvo una hora desnudo en un cuarto de baño. Sin saber por qué.

En un momento dado sí se acercaron a él para decirle que habían hablado con su novia y estaba “destrozada. Estarás contento…” No permitían a la gente ir al baño, “gritas que estás meando y no te dejan ir. Dejaban a la gente cagada dentro…” Y explica que te pueden encerrar setenta y dos horas sin ningún tipo de derecho y a partir de ahí, “si te pegan, te pegan; si te insultan, te insultan; si te humillan, te humillan. Te dicen sinvergüenza, subversivo, que es un término que yo no oía desde las dictaduras latinoamericanas. Son cosas que yo pensaba que no ocurrían en este país, pero pasan”.

A sus 35 años, Palazzo salió llorando de allí como un niño por las humillaciones que padeció. Ahora está acusado de agresión, resistencia a la autoridad, desorden público…, y se encuentra a la espera de juicio con cargos.

Su pecado fue estar discutiendo con un compañero, que actuará como testigo en su favor. El funcionario que le detuvo llevaba un pasamontañas y no se le ha podido identificar. Desapareció como por arte de magia. La intención de Lucio es denunciarle por detención ilegal.

Javier Artona Bustos, trabajador del hospital psiquiátrico de Leganés

Estuvo Javier con dos compañeros en la manifestación que se realizó frente a la Asamblea de Madrid en defensa de la Sanidad Pública. Cuando se marchaba vio un forcejeo, se acercó, avisó a sus compañeras levantando los brazos y, entonces, el coordinador del dispositivo de la UIP que estaba a su espalda gritó: “¡Detener a ese!” Y ahí es cuando empezaron los golpes, le redujeron en el suelo. Levantó las manos indicando que no quería problemas, le volvieron a tirar al suelo y le arrastraron dentro de la verja de la Asamblea de Madrid: “dentro de la Asamblea me rodean, me dan patadas, me dan puñetazos en los testículos, en la boca…”, y ya en el garaje del Parlamento madrileño le custodia un agente “como si no hubiera pasado nada”. Le enviaron a la comisaría hasta que al día siguiente pasó a disposición judicial. Según el atestado policial está acusado de atentado a la autoridad  desobediencia. Está esperando el juicio.

Elisa Arrastra, presidenta del comité de empresa en el Ayuntamiento de San Fernando

El día de la última huelga general, el 14 de noviembre, Elisa participaba en un piquete de trabajadores municipales de lo más tranquilo y pacífico en San Fernando de Henares. Cuando estaban a punto de partir al Ayuntamiento a almorzar vio como un miembro de la UIP se dirigía a un comerciante que estaba echando el cierre y le preguntaba que por qué echaba el cierre a lo que el comerciante respondió que porque había huelga general. El funcionario de intervención policial, entonces, preguntó si el piquete de Comisiones Obreras le había agredido o asustado, a lo que el comerciante respondió con la verdad: “no”. Y vino la amenaza: “sabe que le podemos multar si cierra la tienda”. El comerciante, pakistaní, se asustó, y es cuando intervino Elisa para explicarle que no temiera, que con la ley de comercio tiene todo el derecho a abrir y cerrar cuando quiera “y estos señores no tienen por qué multarte, ni te van a multar”. Explica la funcionaria municipal que es cuando el miembro de la UIP le exigió que se identificara: “Yo le dije que sí, que me identificaba pero que él era funcionario público y tenía que identificarse”. Y le expliqué: “Cuando tú te identifiques, me identifico yo”.

Cuando Elisa quiso darse cuenta tenía a seis policías encima. Con la ayuda de sus compañeros, entre los que había una abogada y un policía local, la ponen de pie. Finalmente se identifica y el miembro de la UIP le dio su número a regañadientes y sin enseñarle la placa.

La sorpresa vino unos días después, cuando recibe una notificación del juzgado en el que se le imputa “atentado y lesiones, como a su compañero. La imputación va acompañada de un parte médico expedido por una entidad privada según el cual parece que hice una luxación y una artritis traumática en una mano. Cuatro de los seis policías testigos se han desdicho asegurando que yo no hice nada. El quinto explica, además, que fui yo quien anduve por los suelos. Y el otro mantiene su versión. Ahora Elisa está a la espera que acabe la instrucción del caso para ver si la juzgan.

Teresa Barros fue lanzada escaleras abajo. F.L.

Teresa Barros, trabajadora de la Universidad Complutense de Madrid

El día de la huelga general del pasado 14 de noviembre Teresa andaba con sus compañeros por la plaza de España junto al piquete que por allí se movía en un ambiente pacífico y de normalidad.

En un momento dado, unos jóvenes, que debían ser estudiantes intentaron cortar la calle. Un miembro de la UIP la emprendió a porrazos contra un chaval y Teresa se lo recriminó desde la distancia. “De repente se vino hacia mí como un loco y empezó a empujarme. Le dije que no me empujara, pero seguía. Encendido en cólera me lanzó por los aires escaleras del metro hacia abajo”, explica la trabajadora de la universidad.

“Él iba con la cara tapada, pero le hemos identificado y le he denunciado a pesar del lío que supone”, asegura Teresa. Y lo que más le indigna a esta afiliada a CCOO es que otro joven que ella no conocía de nada (Jaime es su nombre), al verla caer fue en su ayuda y los funcionarios policiales le detuvieron a él. Se lo llevaron, le dieron una paliza tremenda y además ha sido denunciado.

De derecha a izquierda: Manuel Lara de Iberia; Carmen Manchón, responsable de Comunicación de CCOO de Madrid; Elisa Arrastia; Luciano Palazzo; Teresa Barros; Manuel Lara y el autor de este texto. Fran Lorente detrás de la cámara.

ANTONIO GARCÍA, coordinador de los servicios jurídicos de CCOO de Madrid

"Jueces y fiscales no pueden ser cómplices de estos atropellos"

¿Qué está ocurriendo?

Antonio García.

Lo que relatan los compañeros es el fiel reflejo de una realidad que está afectando a quienes salen a la calle a reclamar los derechos que están siendo robados. Responde al esquema clásico de un poder que utiliza la represión como medio de silenciar las protestas y las movilizaciones. Y en la medida en que estas aumentan la represión aumenta. Se trata de una brutal utilización de la violencia del Estado no para proteger a los ciudadanos y garantizar el ejercicio de derechos sino precisamente para todo lo contrario. Ya nos habíamos olvidado de las detenciones masivas e indiscriminadas unas veces, selectivas otras, las multas de “orden público”, las palizas y los golpes, las acusaciones infundadas y muchas veces inventadas, las comparecencias en comisarías y juzgados de guardia, los partes de lesiones, los golpes, etcéra.

Lo que está ocurriendo es un ataque contra los derechos y libertades básicas, contra los derechos sociales y contra el ejercicio del derecho a rebelarnos y oponernos a las políticas de recortes, la corrupción, los despidos, el paro y la defensa de lo que tanto costó conseguir.

¿Es legal lo que está ocurriendo?

No. No es legal utilizar la fuerza y la violencia, brutal y desmesuradamente contra ciudadanos que se manifiestan pacíficamente. No es legal fabricar atestados con hechos falsos para justificar actuaciones violentas y desproporcionadas, no es legal fabular hechos incriminatorios, no es legal manipular pruebas. No es legal arrojar por las escaleras del metro a una trabajadora ni detener y poner a disposición judicial a trabajadores que se manifiestan pacíficamente después de apalearlos. Como no es legal la impunidad de determinadas actuaciones policiales amparadas en la ocultación de las identidades de los funcionarios policiales. No es legal impedir la libre circulación de las personas ni el ejercicio del derecho de reunión, manifestación y la libertad de expresión. Y tampoco es legal inventar acusaciones.

¿Se quiere eliminar el derecho de huelga por la vía de la represión?

Por supuesto. Y no sólo el derecho de huelga. El de reunión y manifestación, la libertad de expresión y lo siguiente será el derecho de asociación. Se están pidiendo más de tres años de cárcel por participar en piquetes informativos sin existir violencia. Cualquier contacto con la policía incluyendo el que se produce en la detención se transforma en delito de atentado contra la autoridad, o en resistencia o en desobediencia, realizar pintadas el día de la huelga lo califican de delito de daños, las lesiones de los detenidos se las hacen ellos solos por resistirse porque siempre se emplea “la fuerza mínima proporcional…”, protestar y gritar en la calle es delito contra el orden público, expresar opiniones son injurias y calumnias, intentar extender una huelga son amenazas y coacciones…en otras palabras, un derecho penal “del enemigo”.

¿Cuál es la solución?

La unidad y la denuncia. Y la defensa a ultranza de los derechos de los ciudadanos y trabajadores. Seguir manifestándonos pacífica y democráticamente haciendo uso de los derechos y ejerciendo el derecho de resistencia frente a las agresiones. Reforzando las plataformas cívicas por la defensa de los derechos sociales frente a la represión y al abuso. Y por supuesto, la defensa jurídica en comisarías y tribunales, como en otros tiempos. Los jueces y fiscales no pueden ser cómplices de estos atropellos. 

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Bueno, por acabar con música os dejo con el maestro Sabina  y ese estribillo tan conocido: